Respaldamos la lucha que llevan a cabo cientos de comunidades para superar la compleja situación de pobreza.
Apoyamos la política pública que emana de la ley #1 de marzo de 2001 dirigida a profundizar el desarrollo comunitario, reconociendo la participación democrática, el apoderamiento y la autogestión como ejes para la eliminación de la pobreza.
Apoyamos la política pública que emana de la ley #271 de noviembre de 2002 que crea el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales.
Reclamamos estrategias que brinden posibilidades reales de lograr una educación que garantice un trabajo digno y productivo a los jóvenes y adultos de nuestras comunidades.
Reclamamos atención especial a la promoción del desarrollo integral de las mujeres de nuestras comunidades.
Reclamamos que se fortalezca el programa con los recursos económicos adecuados y recurrentes para resolver los problemas de infraestructura y vivienda, así como los requeridos para impulsar el desarrollo socioeconómico comunitario.
Reclamamos la participación de los residentes de nuestras comunidades en la toma de decisiones en cuanto a la planificación y ejecución de cualquier obra, programa o proyecto que los afecte directa o indirectamente.